En marzo de 2026 el Ministerio de Sanidad presentará la primera evaluación sobre el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (1). Un plan que reconoce problemas evidentes que asolan a la Atención Primaria: sobrecarga asistencial crónica, déficit estructural de profesionales, pérdida de longitudinalidad, problemas de accesibilidad, precariedad laboral… pero el enfoque es mayoritariamente declarativo.

¿Qué indicadores se van a usar para esta evaluación?
Se desconoce la información remitida por las CCAA al respecto, sólo se conocerá la interpretación que realicen de los datos obtenidos en el marco de la revisión anual.  Sí sabemos lo que NO EVALUARÁ, porque se omite o aparecen de forma incompleta en el Manual de evaluación y seguimiento que se publicó en Diciembre (2).

Este Plan tiene una gran ausencia: la valoración de las condiciones laborales del facultativo de Atención Primaria. El Plan no regula ni evalúa aspectos esenciales como la carga asistencial real: cupos máximos reglados, tiempo mínimo por paciente, número máximo de pacientes por jornada, protección frente a agendas sobrecargadas, distribución real de la demanda urgente. No se incluyen indicadores de burnout, ni salud profesional. La experiencia demuestra que sin regulación clara, las agendas continúan desbordadas y la sobrecarga se perpetúa.

Las Urgencias de Atención Primaria son uno de los ámbitos más tensionados del sistema, esenciales para la accesibilidad y la continuidad asistencial. Sin embargo, no se prevé una evaluación específica de carga asistencial en urgencias ni de sus condiciones laborales. Sin indicadores propios, seguirá siendo invisible un pilar clave de la continuidad asistencial.

La Pediatría de Atención Primaria permanece olvidada: aunque se menciona como categoría no hay un plan específico para abordar la grave crisis de Pediatras en este ámbito.

Sin estos elementos, la evaluación será administrativa, no clínica. Sin medir la sostenibilidad del trabajo médico, no se puede evaluar la sostenibilidad del sistema. Lo que no se mide, no mejora… y lo que no se quiere medir, se invisibiliza.

El plan propone aumentar la capacidad de resolución de Atención Primaria, con mayor acceso a pruebas diagnósticas, pero aumentar funciones sin ajustar agendas puede suponer asumir más tareas, sin recursos ni tiempo suficientes. El resultado probable: más responsabilidades con el mismo tiempo, mayor desgaste profesional.

La capacidad resolutiva exige recursos, no solo intenciones. De lo contrario, el Plan corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de apariencia, no de mejora.

Este debate se produce además en un contexto especialmente sensible: la negociación del Estatuto profesional impulsado por el Ministerio de Sanidad. El texto acordado con otras organizaciones sindicales no reconoce reivindicaciones específicas del colectivo médico ignorando deliberadamente nuestras propuestas. Sin un Estatuto que reconozca la singularidad del trabajo médico, cualquier reforma de Atención Primaria será incompleta.

La situación actual de la Atención Primaria es conocida por todos los profesionales: pérdida de atractivo de la Atención Primaria como destino laboral para médicos de familia y pediatras llegando al punto en que encontramos cientos de plazas sobrantes de las Oposiciones a Oferta de Empleo Público.

Sin ir más lejos, el pasado martes 17 de febrero se publicó el listado provisional de aspirantes que superan el concurso oposición para médicos de familia de Atención Primaria de la Oferta de Empleo Público para los años 2022, 2023 y 2024 del SAS. Se ofertaron 1689 plazas en total entre oferta de turno libre y promoción interna de las cuales quedarán casi 1000 plazas (949) sin cubrir, es decir: El 56,18 % de plazas quedarían desiertas -> más de la mitad de las ofertadas.

En cuanto a la OPE de Pediatría, se ofertaron 404 plazas, de las cuales, con los datos actuales quedando aún la fase de baremo de méritos, quedarían más de 200 (219) plazas sin cubrir, es decir:  El 54,20 % de plazas quedarían desiertas -> más de la mitad de las ofertadas.

El resultado es desolador… Es la constatación de un fracaso anunciado.

Qué más de la mitad de la oferta de empleo público para médicos de familia y pediatras del SAS vaya a quedar desierta debería obligarles a reconsiderar qué parámetros están midiendo y que medidas han estado implementando en su plan para la Atención Primaria.

Hay muchos médicos de familia y pediatras que han decidido no apostar por la Atención Primaria como opción:

Dicen no a agendas desbordadas que superan con creces los 35/25pacientes /día, actividad que ni se les reconoce.

No al universo burocrático desmedido, sin medidas de control y evaluación efectivas para la desburocratización de la Atención Primaria.

No a trabajar con cupos desorbitados a lo que hay que sumar el aumento de los índices de envejecimiento de la población y la cronicidad subsecuente, sin recursos ni tiempo suficientes.

No a asumir lo propio y lo de los compañeros ausentes por falta de sustituciones, con las consecuencias que conlleva en cuanto a sobrecarga, demora y falta de longitudinalidad.

No a la falta de reconocimiento a nuestra Formación, Responsabilidad y especial dificultad técnica y Penosidad de nuestra profesión.

No a la falta de incentivos homogéneos y reales para los Puestos de Difícil Cobertura y para la función Tutorial.

No a la discriminación con otras CCAA en cuanto al acceso y progresión en la Carrera Profesional, con criterios de progresión a niveles superiores imposibles de cumplir para la mayoría de los médicos que ejercen en Primaria.

No a no hacer una Atención Primaria real. 

Sin regulación del trabajo médico, cualquier reforma organizativa queda en papel mojado.

Los Médicos dicen no.

El Ministerio y las CCAA no escuchan.

La Atención Primaria se extingue.

 

Belén Villarubia Martos, Vocal AP Sindicato Médico de Granada

María Ángeles Bernal Lara, Vocal AP Sindicato Médico de Málaga