La medicina es una actividad muy regulada. Su ejercicio precisa una formación compleja y de alto nivel académico, una actuación regulada en un marco ético y deontológico elevado y una legislación específica. Es decir, no se puede ejercer de cualquier manera por el riesgo potencial que supone la mala praxis profesional para los pacientes.
Fuente: gestionclinicavarela.blogspot.com
Sorprendentemente, la sobrecarga asistencial no está definida, ni regulada, ni correctamente gestionada. De forma generalizada se toleran la acumulación de turnos (guardias, doblajes…) y las sobrecargas asistenciales (ver en un turno a los pacientes de dos o más médicos).
¿Por qué? Sencillamente porque a las organizaciones sanitarias privadas les interesa asumir volúmenes elevados de consulta para aumentar su beneficio y a las públicas para reducir unas listas de espera siempre crecientes.
La infrafinanciación crónica del sistema público, sumada al aumento progresivo de necesidades de salud de la población, hace que todo el sistema tienda inevitablemente al sobrecalentamiento, a la sobrecarga permanente. La importante inercia del sistema termina forzando la solución más cómoda: saturar a los profesionales en lugar de acometer cambios estructurales.
¿Se hace algo para evitar esta deriva? No lo suficiente dado que recalcular la financiación y mejorar la estructura de gestión no es políticamente rentable al obligar, en todos los escenarios, a aumentar el gasto público y/o asumir medidas restrictivas nunca populares. Cambios incómodos que ofrecerán beneficio a medio plazo, más allá del horizonte de cuatro años que todo político asume.
¿Qué excepciones hay para que un médico de familia atienda a 60 pacientes en un día?
Si las sobrecargas son frecuentes y continuadas (pongamos como límite más de 20 días laborales al año) no lo consideramos excepción sino sobrecarga mantenida. Si hay gran número de consultas administrativas (recetas del nivel hospitalario, informes, recetas por fallo del módulo de receta electrónica, bajas…) tampoco es asumible por incapacidad de los responsables de gestión.
Asumir que un profesional es un superdotado con superpoderes es una irresponsabilidad y una burla por parte de los gestores y una irresponsabilidad del buenismo sanitario que ha caracterizado a los profesionales durante décadas. Abusar del profesionalismo no es ético dado que el precio de esa sobrecarga favorece el síndrome de burn out con consecuencias negativas tanto para los profesionales como para los pacientes.
Fuera de las excepciones citadas, una situación de sobrecarga médica mantenida no es ética, correcta ni legal. ¿Por qué?
¿Qué se puede hacer para corregir esta situación?
Para conseguir cambiar la situación son fundamentales la toma en consideración y la consiguiente acción conjunta de los actores implicados. Las sociedades científicas, los colegios profesionales y los sindicatos tienen un papel determinante, pero es necesario que una gran mayoría de profesionales asuman las líneas rojas de sobrecarga asumible y luchen para que no se vulneren denunciando públicamente y ante la autoridad judicial la situación. La estructura de gestión debería velar por cuantificar y corregir las sobrecargas detectadas y, en el ámbito político, exigir los ajustes legales y los medios económicos necesarios para reforzar o mejorar los servicios sobrecargados.
¿Nos ponemos en marcha?
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