El pasado 9 de marzo el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmaron un acuerdo supuestamente encaminado a la mejora del empleo público. Un desastre. Muy mal vamos si quienes negocian nos llevan por esta vía.

El documento comienza con esa palabrería tan vacua como habitual que les caracteriza, pero antes de llegar al acuerdo en sí, nos deja ya alguna perla: “Este acuerdo, expresa la voluntad de las partes firmantes de que sea un instrumento abierto y vivo para la mejora de las relaciones laborales entre las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales firmantes”.

Parece pues evidente que lo único que quieren mejorar son sus relaciones personales (como viene siendo habitual) no mencionan a los trabajadores ni a las Organizaciones Sindicales que no han tenido la oportunidad de participar.

Pero si el preámbulo ya es preocupante y deja clara su intención egocéntrica y alejada de las necesidades de los trabajadores, el acuerdo en sí es ridículo y absolutamente insuficiente para la recuperación de lo perdido durante la crisis.

Si hablamos del incremento salarial, este acuerdo asegura solo un 6,1% en tres años y esta cantidad, si tenemos en cuenta la inflación media prevista, apenas si daría para escasamente mantener el poder adquisitivo. Es decir que no recuperamos nada de lo perdido desde 2010.

Nos venden como un logro la tasa de reposición del 100% pero esta tasa ya está en vigor y por tanto este acuerdo no hace más que ratificar lo que ya es una realidad. No mejora nada por tanto en nuestro sector.

El apartado en el que se hace mención a los procesos de estabilización de empleo público también es una pantomima pues no dice otra cosa que lo que ya tenemos, es decir las OEPs ya pactadas con anterioridad y que incluso están ya en marcha. Tampoco aquí el acuerdo supone ningún avance.

Continúa el documento hablando de la jornada de trabajo y aquí vuelve a ratificar la jornada semanal de 37,5 horas, si bien en este apartado (aunque no lo deja suficientemente claro) parece dejar una puerta abierta a la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer otra jornada ordinaria de trabajo. Texto este confuso y en cualquier caso insuficiente. (Al menos en Andalucía nos servirá para saber si las intenciones reales de Susana Díaz eran volver a la jornada de 35 horas o simplemente todo ha sido una maniobra política y electoralista).

Las medidas en materia de incapacidad temporal son también una entelequia; se habla de posibilitar la recuperación del 100% del salario en los casos de IT pero lo deja a criterio de las distintas administraciones y lo vincula al tipo de contingencia que motivó dicha IT. Es decir que permite que todo siga como hasta ahora.

En definitiva, un acuerdo que no supone ningún avance y que, lejos de alegrarnos, nos carga aún más de motivos para apoyar la concentración del día 21 DE MARZO en Madrid y para seguir trabajando en la recuperación de los derechos perdidos.

Este tipo de acuerdos reafirman la necesidad de que los sindicatos profesionales en general y el Sindicato Médico en particular, puedan estar presentes en todas las mesas de negociación incluida la mesa general de función pública.

No queremos que nos sigan llevando por este camino. Necesitamos recuperar nuestra voz y nuestra dignidad.

Mal vamos si siguen aconsejándonos así.

Comité Ejecutivo SMA