El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han enviado un comunicado en el que ofrecen su postura conjunta respecto a los protocolos de atención compartida de la demanda aguda no demorable

El texto realizado de manera conjunta por ambas entidades, señala que los protocolos “no han sido consensuados con los Colegios Profesionales que son los órganos exclusivos de representación de la profesión médica y responsables de su regulación. Esto supone una garantía constitucional para los derechos de los pacientes y la calidad asistencial que la administración no puede obviar arbitrariamente”.

A su vez, recuerdan que la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias dispone expresamente que “son competencias médicas los procesos de diagnóstico, indicación de tratamiento terapéutico y rehabilitación de los pacientes, de forma exclusiva en su ámbito de actuación”. De este modo, señalan, “la filosofía de competencias que promueve la Consejería de Salud rompe con el modelo de formación universitario de calidad por cualificación. La profesión de enfermería aúna las máximas cotas de calidad asistencial y preparación al igual que los médicos y, en este sentido, debemos mantener y propiciar el sistema actual de colaboración entre ambas profesiones. Sin embargo, esta deseable coordinación debe atenerse y basarse en las respectivas competencias asistenciales y por especialización dentro de cada profesión, garantizando los mejores niveles de calidad en la asistencia sanitaria”.

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El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz consideran necesario informar de estos cambios a la población y de lo que va a suponer para la atención sanitaria

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Ante esta situación, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz consideran necesario informar de estos cambios a la población y de lo que va a suponer para la atención sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud, “poniendo en su conocimiento que según estos protocolos, cuando un paciente enfermo requiera una consulta de atención primaria o un dispositivo de cuidados críticos y urgencias (DCCU), es probable que no vaya a ser atendido por un médico, sino por otro profesional sanitario”, explican.

En esta línea, también exigen que desde la Consejería se informe “debidamente” a los profesionales sanitarios de las responsabilidades de todo tipo (Deontológicas, Civiles y Penales) en las que puede incurrir en caso de asumir competencias sanitarias que no les corresponden.

Por otro lado, y desde el punto de vista laboral, los profesionales andaluces apuntan que “es evidente la carencia de médicos de familia en atención primaria que debe ser resuelta mediante la contratación de médicos con la titulación adecuada y por otra parte, no obligando a la jubilación de médicos que a los 65 años de edad están en perfecto estado de capacitación para una correcta atención a la población”. Así, concluyen que “no es admisible que este déficit sea solucionado contratando personal no facultativo y/o no cualificado legalmente para llevar a cabo acciones diagnósticas o terapéuticas, reservadas en exclusiva a la profesión médica”.

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